Asbama destaca el trabajo conjunto con la Fuerza Pública tras amenazas y extorsiones que afectan la producción regional.
Respuesta gremial ante la crisis de seguridad
La Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama) emitió un comunicado oficial respaldando las operaciones de la Fuerza Pública para restablecer el control territorial en los municipios bananeros. Esta postura surge tras el paro armado decretado por grupos ilegales, que provocó el cierre comercial y la suspensión de clases en Zona Bananera y Ciénaga, dos de las zonas más afectadas por la escalada de violencia en el Caribe colombiano.
El gremio confirmó que sus productores no han accedido a las pretensiones económicas de los grupos armados, optando por denunciar sistemáticamente ante las autoridades competentes. Esta decisión, aunque firme, ha tenido consecuencias directas para el sector, que enfrenta un escenario de creciente hostigamiento mientras intenta mantener sus operaciones y cumplir con los estándares exigidos por los mercados internacionales.
La voz de los productores
José Francisco Zúñiga Cotes, presidente de Asbama, subrayó la determinación del sector: “Nuestros productores decidieron estar del lado de la ley. Ningún productor ni comercializadora bananera afiliada a Asbama paga extorsiones, y vamos a seguir acompañando a la Fuerza Pública con información y denuncias”. El dirigente reconoció que esta firmeza ha tenido un costo operativo, incluyendo retaliaciones directas contra las fincas productivas.
Las palabras de Zúñiga reflejan una postura que combina valentía y responsabilidad gremial. Lejos de ceder a las presiones, los bananeros han optado por fortalecer la cooperación con las autoridades, convencidos de que la única salida sostenible es la legalidad. Sin embargo, también han advertido que sin garantías reales de seguridad, la continuidad de la actividad bananera está en riesgo.
Impacto de las retaliaciones y cifras del sector
Las fincas bananeras han sufrido episodios violentos como disparos, incendios e irrupciones de hombres armados que obligaron a suspender labores agrícolas. Estos ataques representan una amenaza directa para los cerca de 19.500 empleos directos generados por la actividad bananera en la región Caribe. Además, la inestabilidad pone en riesgo la competitividad del producto colombiano en mercados internacionales, donde las certificadoras exigen garantías de trazabilidad y seguridad laboral.
El banano es uno de los principales productos de exportación de la región y su cadena de valor involucra a miles de familias, transportadores, comercializadoras y proveedores de insumos. Cualquier interrupción en la producción no solo afecta a los trabajadores directos, sino a todo un ecosistema económico que depende de la estabilidad del sector. A esto se suma la presión de los compradores internacionales, que monitorean de cerca las condiciones de seguridad en las zonas de cultivo antes de confirmar sus pedidos.
Despliegue militar y protección de corredores estratégicos
El despliegue militar iniciado el 22 de septiembre por instrucción del presidente Abelardo De la Espriella movilizó más de 500 uniformados, unidades de fuerzas especiales y personal policial hacia la Troncal del Caribe. Esta operación busca proteger los corredores de exportación y garantizar la continuidad de la cosecha en medio de la escalada criminal registrada durante la última semana.
La Troncal del Caribe es una arteria vital para el transporte de banano y otros productos agrícolas hacia los puertos de Santa Marta y Barranquilla. Su protección es indispensable no solo para el sector bananero, sino para toda la economía regional. Las autoridades han señalado que el despliegue incluye patrullajes permanentes, puestos de control y labores de inteligencia orientadas a identificar y capturar a los responsables de los ataques.
Exigencia de presencia estatal permanente
Asbama hizo un llamado al Gobierno Nacional para que la intervención militar no sea coyuntural. El gremio solicita la consolidación permanente de la Fuerza Pública en la Zona Bananera, así como el fortalecimiento de capacidades de investigación y judicialización contra los responsables de los atentados.
La asociación reiteró su compromiso con la legalidad y las comunidades locales, enfatizando que la protección de los trabajadores y la sostenibilidad económica de La Guajira y Magdalena dependen de una estrategia integral de seguridad que combine la presencia institucional con oportunidades de desarrollo social. En este sentido, los bananeros insisten en que la seguridad no puede limitarse a operativos temporales, sino que debe acompañarse de inversión social, infraestructura y programas que ofrezcan alternativas sostenibles a las comunidades más vulnerables.
Un sector que resiste y apuesta por la legalidad
El respaldo de Asbama al despliegue militar no es solo un gesto simbólico: es una declaración de principios. En un contexto donde la extorsión y la violencia han pretendido imponer un modelo de sometimiento, los bananeros han optado por mantenerse firmes del lado de la ley. Su decisión, sin embargo, requiere un respaldo efectivo del Estado que garantice su seguridad, proteja los empleos y preserve la competitividad de un producto que lleva el nombre de Colombia a los mercados internacionales. Con más de 500 uniformados desplegados, 19.500 empleos en juego y una cadena de exportación que no puede detenerse, la situación del banano en La Guajira y Magdalena se convierte en un termómetro de la capacidad del Estado para recuperar el orden y la confianza en una de las regiones más productivas del país.