La administración de la capital del Cesar sustenta rentabilidad financiera del proceso público y alista informe técnico para el Concejo.
La Alcaldía de Valledupar defendió este jueves de forma contundente la legalidad de la subasta pública de 33 bienes inmuebles de propiedad municipal tras los severos cuestionamientos jurídicos del abogado Jhon Díaz Carpio. El secretario general del Distrito, Eudes Orozco, aseguró que la enajenación de estos activos territoriales generó ingresos directos y ganancias fiscales significativas para las arcas de la capital del Cesar. La respuesta oficial se produce en un escenario de creciente controversia política y ciudadana por presuntas inconsistencias en los avalúos catastrales y el riesgo latente de un detrimento patrimonial.
¿Por qué se cuestiona la subasta de bienes en Valledupar?
La venta de los 33 inmuebles, de naturaleza comercial y residencial, desató un debate jurídico de gran alcance en el departamento del Cesar. Sectores de la oposición y firmas legales del municipio denunciaron de manera pública que los precios finales de adjudicación presuntamente se ubicaron por debajo de los valores comerciales del mercado inmobiliario actual. De acuerdo con las advertencias planteadas por el jurista Jhon Díaz Carpio, el proceso de licitación pública podría configurar una afectación directa al erario debido a la aparente laxitud en los topes mínimos exigidos a los postores durante las pujas electrónicas.
Frente a estas acusaciones, el secretario general Orozco aclaró de forma taxativa que la selección, tasación y posterior enajenación de las propiedades se ciñeron rigurosamente a las normativas de contratación pública vigentes en Colombia. «Hubo ganancia para el municipio», enfatizó el funcionario en su declaración, argumentando que la totalidad de los recursos económicos recaudados ya se encuentran integrados dentro de las partidas presupuestarias del plan de desarrollo local, orientados a la inversión social directa en infraestructura y programas de saneamiento.
Veeduría ciudadana exige revisar folios y actas de la licitación
El descontento con la gestión de los activos públicos motivó la intervención directa de la veeduría ciudadana municipal, que formalizó un pliego de solicitudes ante el despacho del alcalde. Las organizaciones civiles y comunitarias exigen el acceso inmediato a los folios de matrícula inmobiliaria actualizados de cada predio, así como a las actas detalladas de la subasta para verificar minuciosamente la transparencia de las ofertas económicas presentadas por los compradores. Los ciudadanos buscan constatar que los coeficientes de rentabilidad aplicados no hayan perjudicado la base fiscal del municipio.
La respuesta de la administración local frente a estas solicitudes fue reiterativa al señalar que mantener estos 33 predios bajo propiedad estatal representaba una carga financiera insostenible. Según los estudios previos de la Secretaría de Hacienda, los terrenos y edificaciones subastados generaban altos costos fijos de mantenimiento preventivo, impuestos internos acumulados y presentaban un nulo beneficio social para la población general, lo que técnicamente convertía a estas propiedades en pasivos improductivos para las finanzas distritales.
Transparencia y el informe final ante el Concejo Municipal
Para disipar las dudas sobre la enajenación de activos, la Alcaldía de Valledupar confirmó que avanza en la redacción final de un dossier técnico que recopilará de forma cronológica las ofertas económicas recibidas y los indicadores financieros de rentabilidad. Este documento será sustentado formalmente en sesiones ordinarias ante el Concejo Municipal en los próximos días para dar un cierre definitivo al debate político. Adicionalmente, el expediente completo de enajenación será indexado de manera abierta en las plataformas oficiales del Estado colombiano como Secop y portales de transparencia gubernamental.
La publicación masiva de los documentos contractuales busca frenar el impacto reputacional negativo que la controversia legal ha generado sobre la gestión del gabinete municipal. Analistas del sector público señalan que la viabilidad a largo plazo de esta operación financiera dependerá estrictamente de la trazabilidad y la claridad con que la administración demuestre el destino final de cada peso recaudado por los predios residenciales y comerciales vendidos.
Impacto fiscal de la enajenación de activos en el Cesar
La resolución de este conflicto administrativo definirá la jurisprudencia local respecto al manejo de los bienes fiscales improductivos en los municipios de la región Caribe. Si el informe técnico de la alcaldía demuestra que el recaudo superó las metas del avalúo catastral legal, la subasta podría convertirse en un modelo de saneamiento financiero replicable. No obstante, las autoridades de control disciplinario regional y los entes fiscales de la nación mantendrán abiertas las indagaciones preliminares sobre el proceso contractual hasta que se consolide la auditoría física del expediente técnico.
