La decisión judicial, emitida por el Juzgado 56 Penal Municipal, acoge las contundentes pruebas presentadas por la Dirección Especializada contra la Corrupción. Según el expediente, el mandatario local habría instrumentalizado su cargo para obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de agilizar trámites urbanísticos de un proyecto inmobiliario.
Las investigaciones revelan que el 8 de junio de 2025, Gamboa presuntamente exigió a una representante legal de una firma de inversiones la contratación de una persona específica para gestionar permisos de construcción. Además, habría solicitado un aumento salarial para ese protegido, quien percibió cerca de 48 millones de pesos durante 11 meses sin justificación aparente.
El punto de quiebre ocurrió en marzo de 2026, cuando el alcalde supuestamente reclamó a la empresaria el pago de 112 millones de pesos (equivalente al 20% del valor de una licencia) a través de mensajes de voz. Al no lograr su cometido, y en un presunto acto de retaliación, Gamboa expidió una resolución el 6 de marzo que derivó en el rechazo de la licencia de construcción y en una multa de 232 millones de pesos para los inversionistas.
Tras ser capturado por el CTI, Gamboa fue trasladado al búnker de la Fiscalía en Bogotá. Durante la audiencia, el alcalde no aceptó los cargos imputados y declaró su inocencia. Sin embargo, el juez consideró que existe peligro para la comunidad y obstrucción a la justicia, por lo que ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.