Una Acción Popular judicializa la renuencia de la alcaldía y Aqualia ante la parálisis del sistema de alcantarillado distrital.
Tres ciudadanos de Riohacha activaron la vía judicial mediante una Acción Popular contra la Alcaldía Distrital, el operador privado Aqualia y la corporación ambiental Corpoguajira, tras documentar el colapso permanente del alcantarillado en el sector de «La Virgencita», ubicado en el barrio Las Villas. La demanda, radicada ante el Juzgado Administrativo del Circuito debido a la vulneración sistemática de derechos colectivos en La Guajira, expone que las entidades accionadas omitieron responder un Derecho de Petición prioritario. Esta renuencia administrativa perpetúa un riesgo de salubridad crítica para centenares de familias afectadas por inundaciones severas y contaminación ambiental.
Emergencia sanitaria en Riohacha por fallas de alcantarillado
La crisis operativa escaló formalmente a los despachos judiciales el 10 de junio de 2026, luego de vencerse los términos legales de la solicitud inicial presentada por la comunidad el 15 de mayo de 2026. Los demandantes, identificados como Daileth Camila Oyola, Zharen Laudith Pimienta y Luis Andrés Marín, demostraron que cada precipitación pluvial provoca el rebose inmediato de los pozos de inspección técnica. Este fenómeno genera el flujo libre de aguas residuales domésticas no tratadas sobre la vía pública, transformando la Carrera 7H, entre calles 17 y 22, en un foco de vectores epidemiológicos y destrucción de la malla vial urbana.
El documento jurídico argumenta que la mezcla de lodos fecales y escorrentía vulnera de forma flagrante la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. Específicamente, la demanda cita la Sentencia T-218 de 2017, la cual determina de manera vinculante que las fallas estructurales en el manejo técnico de aguas residuales constituyen una amenaza directa contra la vida y la dignidad humana. Las pruebas documentales aportadas por los accionantes incluyen el consecutivo de radicación número 1013746 ante Aqualia, junto con las guías de entrega oficial que certifican la recepción física del reclamo en la sede de la Alcaldía Distrital de Riohacha.
Omisión de Aqualia y Corpoguajira ante la contaminación ambiental
La fundamentación de esta Acción Popular se basa en la Ley 472 de 1998, que ampara la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa y el acceso eficiente a la infraestructura de servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Los peritajes de los afectados indican que Corpoguajira ha fallado en su rol de autoridad ambiental al no sancionar de manera oportuna los vertimientos descontrolados que fluyen hacia las zonas residenciales periféricas. La inacción institucional agrava el panorama de desatención estatal, mientras el operador privado no ejecuta planes de contingencia física en los colectores subterráneos averiados.
Respuesta de la Alcaldía de Riohacha y diagnóstico técnico de la red
El contexto climático y de planeación en la capital guajira presenta un rezago histórico significativo. Recientes eventos meteorológicos dejaron más de 20 barrios periféricos bajo el agua, registrando viviendas donde los niveles de inundación superaron el metro y medio de altura. Ante la presión de los líderes comunitarios, el alcalde distrital de Riohacha, Genaro Redondo Choles, reconoció públicamente que las estaciones de bombeo locales operan al límite de su capacidad técnica cuando los niveles de precipitación superan los 30 milímetros por hora, superando los diseños hidráulicos vigentes en el municipio.
Por su parte, los voceros técnicos de la empresa Aqualia sostienen que la infraestructura subterránea actual del distrito no está concebida estructuralmente para captar aguas lluvias de gran volumen, lo que genera presiones neumáticas que destruyen las tapas de los pozos de inspección. No obstante, los habitantes del barrio Las Villas denunciaron que esta justificación técnica no exime a las entidades de su responsabilidad contractual, reportando pérdidas totales de enseres domésticos, parálisis de las actividades comerciales de la zona y afectaciones respiratorias agudas en la población infantil y de la tercera edad de la comuna.
Exigencias presupuestales e intervenciones definitivas en «La Virgencita»
El texto de la demanda exige que el Juzgado Administrativo ordene a los accionados ejecutar la limpieza y descolmatación inmediata de las rejillas de ventilación. Asimismo, solicita un diagnóstico estructural exhaustivo mediante cámaras robóticas de la red y la presentación pública de informes presupuestales detallados sobre los planes de inversión destinados a soluciones definitivas de ingeniería civil. La comunidad reclama que los recursos recaudados a través de las tarifas de alcantarillado e impuestos locales sean invertidos en la optimización del bombeo pluvial para detener el deterioro institucional crónico.
El desenlace de este proceso judicial marcará un precedente administrativo crítico para la gestión de servicios públicos en la región caribeña. Si el juzgado falla a favor de los ciudadanos, la Alcaldía de Riohacha y Aqualia estarán obligadas a reestructurar sus presupuestos de inversión plurianual bajo la estricta vigilancia de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Esta decisión forzaría una transición desde los habituales anuncios mediáticos de mitigación temporal hacia la ejecución real de megaproyectos de saneamiento básico, mitigando el Estado de Cosas Inconstitucional que afecta el desarrollo social de La Guajira.