El organismo exige acciones inmediatas ante la violencia feminicida y 82 desapariciones reportadas.
La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que advierte que al menos 74 mujeres han sido asesinadas en el departamento del Atlántico en lo corrido de 2026, según datos consolidados de organizaciones sociales y autoridades. La entidad señaló que esta tendencia, junto con la desaparición sistemática de mujeres y menores de edad, atenta contra el derecho a la vida, la libertad y la integridad personal, y exige una respuesta inmediata del Estado. Entre los casos recientes figuran los crímenes de las hermanas Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17, en el municipio de Malambo.
Violencia feminicida, intrafamiliar y comunitaria en el Atlántico
La Defensoría advirtió que estas violencias convergen en escenarios de carácter feminicida, intrafamiliar y comunitario, agravados por dinámicas asociadas a la criminalidad organizada que afecta al departamento. De acuerdo con el informe, múltiples víctimas han sido blanco de ataques sicariales en contextos de extorsión, cobros ilegales o disputas territoriales, escenarios propicios en donde estructuras delictivas instrumentalizan a mujeres y niñas como mecanismos de presión, castigo o represalia.
Desapariciones: 82 mujeres reportadas, 60 son niñas y adolescentes
El panorama incluye la crisis por desapariciones. Cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con corte a agosto de 2026, indican que de 154 personas reportadas como desaparecidas en el Atlántico, 82 son mujeres (52,2 %). De ellas, 60 corresponden a niñas y adolescentes (73,2 %), con especial afectación en el rango de entre 12 y 17 años, que registra 45 casos. Organizaciones sociales también han denunciado que redes criminales fuerzan a las víctimas mediante amenazas a participar en actividades ilícitas, perpetuando barreras que impiden denunciar.
Brecha entre registros estatales y sociales
La Defensoría destacó la brecha entre los registros estatales y sociales: con corte al 31 de octubre, solo cuatro casos habían sido tipificados como feminicidios consumados bajo investigación, una cifra que contrasta con las 46 valoraciones médico-legales por presuntos homicidios de mujeres reportadas por Medicina Legal a julio de 2026. Asimismo, señaló que la situación se torna más compleja debido a demoras administrativas, como la falta de culminación del traslado al Ministerio del Interior de las funciones del antiguo Viceministerio de las Mujeres, lo que prolonga la incertidumbre sobre el liderazgo de las políticas públicas de igualdad y prevención.
Exigencias a autoridades locales, Fiscalía y Gobierno Nacional
La Defensoría formuló exigencias directas a las instituciones competentes. A la Gobernación del Atlántico, las alcaldías de Barranquilla, Soledad, Malambo, Baranoa y Sabanalarga, y a la Policía Nacional les demandó traducir en acciones verificables las medidas del Consejo de Seguridad con Enfoque de Género del 11 de noviembre, fortalecer rutas de atención y activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente. A la Fiscalía le pidió investigar con celeridad y perspectiva de género, cumpliendo la Directiva 004 de 2023. Al Gobierno Nacional, adoptar decisiones urgentes con institucionalidad clara y capacidad presupuestal. «Cada mujer asesinada representa un fracaso colectivo en materia de prevención», concluyó.
