La Contraloría sancionó a Diana Celedón por irregularidades en contratos médicos especializados vinculados al hospital de Fundación durante la pandemia.
La Contraloría General del Departamento del Magdalena declaró responsable fiscal a Diana Esther Celedón Sánchez, exsecretaria de Salud del Magdalena y exgerente del Hospital Departamental San Rafael de Fundación, por un detrimento patrimonial de 317.792.725 pesos. La decisión, tras un proceso iniciado en 2022, vincula a La Previsora S.A. Compañía de Seguros como tercero civilmente responsable. El fallo técnico responde a las anomalías detectadas en cinco contratos de servicios médicos especializados para la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ejecutados entre 2020 y 2021, donde no se acreditó debidamente la idoneidad profesional exigida por la ley en el registro ReTHUS.
¿Por qué la Contraloría declaró responsable a Diana Celedón?
El organismo de control fiscal determinó que existió una gestión deficiente durante el periodo en que la funcionaria ejerció la gerencia del centro asistencial de Fundación. La investigación se concentró de forma específica en verificar los soportes documentales que debían avalar la formación académica del talento humano contratado para la atención de pacientes críticos en la Unidad de Cuidados Intensivos. Según la auditoría gubernamental, los desembolsos de recursos públicos se autorizaron sin que el médico adscrito cumpliera formalmente con los requisitos legales obligatorios exigidos para el ejercicio de la medicina intensiva.
El debate institucional radicó en la ausencia de la inscripción correspondiente en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS). Este sistema estatal es el instrumento público que certifica la idoneidad y competencias de los médicos para prestar servicios de alta complejidad en el país. Al no registrarse la acreditación correspondiente para el manejo de la UCI, la Contraloría concluyó que los pagos efectuados con cargo al presupuesto hospitalario configuraron un daño directo al patrimonio del departamento, debido a que se contrató un servicio especializado sin plenas garantías de cumplimiento técnico legal.
Los detalles de los cinco contratos de la UCI investigados
La acción fiscalizadora reconstruyó una cadena de contrataciones suscritas en un lapso de dos años críticos para la salud pública regional. El expediente detalla que las irregularidades normativas se concentraron en cinco convenios diseñados para suplir la atención médica especializada. Los documentos analizados corresponden cronológicamente a los contratos número 1233 y número 1344 de la vigencia del año 2020. Asimismo, las pesquisas se extendieron a los contratos número 064, número 402 y número 743, los cuales fueron aprobados y ejecutados a lo largo del periodo anual de 2021.
Balance Financiero del Detrimento Patrimonial en Magdalena
Para dar claridad sobre el impacto económico regional, la Contraloría General del Magdalena consolidó las cifras en dos etapas de cálculo financiero definidas por la normatividad técnica:
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Valor histórico del daño patrimonial: 212.704.000 pesos colombianos devengados originalmente.
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Mecanismo de ajuste legal aplicado: Actualización monetaria obligatoria basada en índices macroeconómicos del Estado.
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Indicador financiero utilizado: Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado formalmente por el DANE.
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Valor final de la obligación fiscal: 317.792.725 pesos colombianos exigidos actualmente.
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Incremento por indexación económica: 105.088.725 pesos correspondientes a la pérdida de poder adquisitivo.
El órgano aclaró que la diferencia financiera, que supera los 105 millones de pesos, obedece con exclusividad a la indexación monetaria exigida por la ley y no a la detección de nuevas órdenes de pago o desembolsos adicionales ejecutados durante el desarrollo de la investigación.
Estrategia de la defensa y decisiones sobre el equipo técnico
A lo largo del proceso, la defensa jurídica de Diana Esther Celedón Sánchez allegó pruebas documentales con el propósito de justificar la legalidad de los contratos y controvertir la responsabilidad asignada. No obstante, tras la valoración del acervo probatorio, el despacho determinó que los elementos aportados eran insuficientes para desvirtuar el daño patrimonial plenamente consolidado en las Unidades de Cuidados Intensivos del Hospital de Fundación.
Por otra parte, la Contraloría ordenó el archivo definitivo y parcial de las actuaciones fiscales a favor de Diego Alejandro Posada Orjuela y de Yelisa Marcela Jiménez Arteaga. Esta desvinculación jurídica se concretó mediante la emisión de un auto definitivo con fecha del 30 de junio de 2026, al determinarse que sus actuaciones no guardaban nexo causal directo con la configuración del detrimento investigado.
¿Qué recursos legales le quedan a la exsecretaria de Salud?
La declaración de responsabilidad fiscal constituye una sanción administrativa y patrimonial, lo que significa que no equivale a una condena penal o restrictiva de la libertad. El ordenamiento colombiano otorga garantías al debido proceso, permitiendo que la exsecretaria de Salud haga uso inmediato de los recursos ordinarios de reposición y de apelación para intentar revocar la decisión.
El desenlace de este caso marcará un hito en la fiscalización de los fondos públicos asignados a la red hospitalaria del norte de Colombia. En los próximos meses, las autoridades vigilarán si el detrimento es resarcido mediante las pólizas activas de La Previsora S.A. Compañía de Seguros o si el proceso migrará hacia la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mientras el departamento actual busca robustecer los controles de verificación en la contratación de personal especializado.
