
La Alcaldía de Fonseca instaló el primer Comité de Conciliación y Defensa Judicial y Extrajudicial, una instancia clave para analizar los procesos que cursan en la jurisdicción contenciosa administrativa y adoptar decisiones oportunas en defensa de los intereses del municipio y su patrimonio .
La sesión fue liderada por el alcalde encargado, Rubén Carmelo Mendoza Movil, quien asumió el cargo de manera temporal mientras se desarrollan las elecciones atípicas programadas para el próximo 3 de mayo, tras la renuncia del mandatario anterior. Durante la reunión, se evaluaron diversos casos puntuales con el propósito de determinar su estado actual, identificar riesgos fiscales y establecer medidas orientadas a la prevención del daño antijurídico, es decir, aquellas acciones u omisiones de la administración que puedan generar una condena económica en contra del municipio .
El Comité de Conciliación es una figura jurídica establecida en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), que faculta a las entidades públicas para analizar la viabilidad de conciliar o transigir asuntos litigiosos, previo concepto favorable del Comité. Esta herramienta permite resolver conflictos de manera anticipada, evitando procesos judiciales prolongados y costosos paralasarcasmunicipales.
Entre los casos analizados durante la jornada se encuentran demandas relacionadas con presuntas irregularidades contractuales y reclamaciones laborales de años anteriores, cuyos detalles no fueron divulgados por reserva legal. El Comité emitió los primeros conceptos de viabilidad para iniciar acercamientos con las contrapartes en algunos de los expedientes .
Su activación representa un avance significativo en la gestión institucional del municipio, que históricamente había carecido de esta instancia de defensa jurídica especializada. Con estas acciones, la administración municipal reafirmó su compromiso con la transparencia, la responsabilidad administrativa y la defensa eficiente de los recursos públicos, fortaleciendo así la gobernanza jurídica en el territorio y sentando las bases para una cultura de prevención del litigio
