Fonseca activó su Comité de Conciliación para prevenir daño antijurídico

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La Alcaldía de Fon­seca instaló el primer Comité de Conciliación y Defensa Judicial y Ex­trajudicial, una instancia clave para analizar los procesos que cursan en la jurisdicción con­tenciosa administrativa y adoptar decisiones oportunas en defensa de los intereses del mu­nicipio y su patrimonio .

La sesión fue liderada por el alcalde encar­gado, Rubén Carmelo Mendoza Movil, quien asumió el cargo de ma­nera temporal mientras se desarrollan las elec­ciones atípicas progra­madas para el próximo 3 de mayo, tras la re­nuncia del mandata­rio anterior. Durante la reunión, se evaluaron diversos casos pun­tuales con el propósito de determinar su es­tado actual, identificar riesgos fiscales y esta­blecer medidas orien­tadas a la prevención del daño antijurídico, es decir, aquellas ac­ciones u omisiones de la administración que puedan generar una condena económica en contra del municipio .

El Comité de Concilia­ción es una figura jurí­dica establecida en la Ley 1437 de 2011 (Có­digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminis­trativo), que faculta a las entidades públicas para analizar la viabili­dad de conciliar o tran­sigir asuntos litigiosos, previo concepto favo­rable del Comité. Esta herramienta permite re­solver conflictos de ma­nera anticipada, evitan­do procesos judiciales prolongados y costosos paralasarcasmunicipales.

Entre los casos anali­zados durante la jorna­da se encuentran de­mandas relacionadas con presuntas irregula­ridades contractuales y reclamaciones labo­rales de años anterio­res, cuyos detalles no fueron divulgados por reserva legal. El Comi­té emitió los primeros conceptos de viabili­dad para iniciar acer­camientos con las con­trapartes en algunos de los expedientes .

Su activación repre­senta un avance sig­nificativo en la gestión institucional del munici­pio, que históricamente había carecido de esta instancia de defensa jurídica especializada. Con estas acciones, la administración munici­pal reafirmó su compro­miso con la transparen­cia, la responsabilidad administrativa y la de­fensa eficiente de los recursos públicos, for­taleciendo así la go­bernanza jurídica en el territorio y sentando las bases para una cultura de prevención del litigio

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